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Conclusiones de la Jornada 'El Trabajo Social ante la Reforma de la Administración Local'

Jornada celebrada con motivo de la inminente aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; organizada por el Consejo General del Trabajo Social en colaboración con el Comité Español de Bienestar Social.

15 de Diciembre de 2015

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martes 15 de diciembre de 2015 CGTS

El vicepresidente segundo del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), Enrique Pastor, ha sido el relator de estas conclusiones.

La participación de los asistentes fue muy importante. En total fueron 22 las intervenciones, de las cuales 10 fueron realizadas por ponentes y otras 12 por los propios asistentes, quienes fortalecieron y dotaron de valor a la Jornada.

La inauguración de las jornadas corrió a cuenta de Mercedes Portero Cobeña, Coordinadora General de Equidad, Servicios Sociales, Vivienda y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Trabajadora social de profesión, focalizó el objeto de las jornadas y el futuro de los Servicios Sociales. Portero señaló que una de las debilidades del sistema es que no se identifica suficientemente su objeto, lo que ha repercutido de manera desfavorable en su desarrollo. Según indicó, el modelo político de estos últimos años ha incidido en los Servicios Sociales y planteó interrogantes de calado, relacionados con el modelo, objeto, etc, de los Servicios Sociales. También afirmó que es necesario reforzar a las entidades locales, la proximidad de los servicios, así como defender e impulsar los Servicios Sociales.

También intervino en la apertura de la jornada el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Avila Francés. En su intervención, destacó:
- La importancia de que los Ayuntamientos presten los Servicios Sociales por su cercanía.
- La Asamblea General de la FEMP celebrada el 19/09/2015 aprobó la derogación de la Ley como postura de la FEMP.
- La responsabilidad recae en los interventores de la administración local. Existe un vacío legal.
- En la práctica, va a ser muy difícil que deje de prestar los Ayuntamientos los Servicios Sociales.
- Los Servicios Sociales deben ser públicos, garantizados por ley como derechos siendo el cuarto pilar del Sistema de Protección Social.

Por su parte, el secretario general del Comité Español de Bienestar Social, Luis López Quiñones, recalcó la importancia de la descentralización de los servicios fundada en acuerdos internacionales. Desde el CEBS abogan por unos Servicios Sociales considerados como derecho fundamental.

Finalmente, en la mesa inaugural intervino la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima Fernández. Abrió su turno de palabra recordando que se la jornada se celebraba en el Día Internacional de la Discapacidad, como ejemplo de uno de los colectivos que se van a ver afectados por la Reforma Local.

Lima expuso el posicionamiento del Consejo General del Trabajo Social y del conjunto de Colegios Profesionales de España a la Ley, desde su tramitación, donde se manifestaron en contra de su aprobación, y ahora en coherencia continúan considerando necesaria su derogación. Recalcó la importancia de las alianzas y recordó que los Servicios Sociales tienen su origen en la administración local. También expuso el trabajo y sentido de la Marea Naranja, donde el Consejo General ha tenido un protagonismo evidente.

Tras la inauguración, fue momento de la presentación del II Informe sobre Los Servicios Sociales en España (ISSE), a cargo de la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima Fernández.
Lima expuso que los Informes e Investigaciones tienen por objeto plantear datos con rigor como instrumentos de evidenciar la realidad, y planteó la estrategia multimodal del Consejo, aunando así planificación y acción social.
Destaca de su intervención:
- En contra de las políticas de austeridad y como afectan a la ciudadanía.
- Los servicios sociales como generadores de empleo y riqueza.
- Profesión feminizada con una fuerte integración laboral en el ámbito de los servicios sociales en la Administración Local.
- El 62% de las Diputaciones tienen competencias en Servicios Sociales.
- Progresiva privatización y reducción presupuestaria.
- Cambios en la demanda, aumento de la demanda de ayudas económicas.
- El 50% de las demandas no cubiertas, falta de financiación e interés político.
- Descontento de los usuarios: retrasos en resoluciones, recortes, burocratización y copagos.
- Peligra la calidad de los servicios por falta de equipos, necesidades crecientes, sobrecarga laboral y retroceso en recursos.
- Hundimiento de la clase media.
- Trabajo en un contexto de máxima desigualdad social.
- Inadecuación de los recursos respecto de las necesidades.
- Empeoramiento y deterioro de los servicios.
- Pésimas previsiones.
- Incertidumbre de los profesionales por el sistema.
- El rechazo de la reforma local por el compromiso de la profesión con la ciudadanía y no tanto por su pérdida de derechos laborales.
- Contrarios a la reforma por:
o Aleja al ciudadano del servicio.
o Descenso calidad.
o Empeora los derechos, coordinación y financiación.
- Rechazo mayoritario de la profesión.
- Impacto en los más vulnerables y en el propio sistema.
- Afecta esencialmente al ámbito de la igualdad de oportunidades y con especial relevancia en la infancia.
- No hay una evaluación del impacto que tiene la crisis.
- En cuanto a la percepción de futuro: pesimismo. Nos preocupa la financiación, organización y formación y nuevas tecnologías.
- Retos:
o Servicios sociales públicos.
o Mejora de financiación y calidad de servicios.
o Adaptación a nuevas necesidades.
- Evidencia de un empeoramiento de la situación del sistema respecto del anterior informe.

Finalmente, la jornada finalizó con la mesa redonda bajo el nombre “El impacto de la reforma de la Administración Local en el Trabajo Social”.

Inició el turno de palabras el presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, Eulalio Ávila Cano. Sugirió que el término “evaluación e información… y atención inmediata…” que establece la nueva normativa da pie a cierta interpretación. Según indicó, las competencias propias se entienden como un mínimo competencial, no un techo, y añadió que está pendiente la legislación sectorial o autonómica que se pueda desarrollar. También señaló que el régimen transitorio previsto en la ley garantiza la prestación de servicios con independencia de su competencia.

Por su parte, el Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Ignacio Romero, informó del proceso desarrollado hasta la aprobación de la ley: 37 borradores en dos años y 200 enmiendas. También explicó que existen intereses contrapuestos en este proceso. Señaló la voluntad de la reforma local (no politizar, no jurídica). Según argumentó, el por qué se sitúa en ordenar en un proceso de traspaso competencial y de financiación a las comunidades autónomas. Explicó que los pilares en los que se sustenta la reforma son:
- Evitar duplicidad.
- Suficiente financiación.
- Garantizar la estabilidad presupuestaria.
También reconoció que el documento de la ley tiene dificultad técnica y fue elaborado a partir de numerosas consultas a diferentes organismos. Añadió que las competencias no son un marco cerrado. Al contrario, aseguró, la identificación de competencias mínimas (art. 25.2) no desplaza a las leyes de servicios sociales, dado que están vigentes.
Finalmente, destacó que la reforma está vinculada al sistema de financiación y que se precisa de un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas y la Administración Local.

A continuación, Fernando Moreno Bernal, de la Comisión de Servicios Públicos de ATTAC España, denunció el “fundamentalismo neoliberal de las políticas sociales”. Según denunció, el presupuesto de 2016 se encuentra afectado en las diferentes administraciones por la Ley de Reforma Local y la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria (art. 135 de la Constitución). También denunció la inseguridad jurídica y recalcó la necesidad de la cercanía en las prestaciones de servicios. Según explicó, 2.390 municipios y 4 gobiernos autonómicos presentaron recursos de inconstitucionalidad a la ley. Recordó la Declaración de Cádiz: Descentralización, Desarrollo y Democracia. Entre otras, ATTAC destacó que plantea propuestas contra el fraude fiscal.

Por su parte, Joaquín Corcobado, representante de la FEMP, expuso la realidad local, el municipalismo. Abogó por el modelo de proximidad de los servicios sociales y por consolidar los servicios sociales y la profesión del trabajo social en ellos. Entre los retos, destacó evitar la pérdida de financiación, la no supresión de equipos y la mejora de dispositivos.

La vicepresidenta Primera del Consejo General del Trabajo Social de España, Encarna Peláez Quero, puso el acento en los derechos de las personas y no tanto en competencias y financiación. Destacó el conocimiento de los ciudadanos del trabajo social: una profesión crítica ante un modelo evidenciado por el porcentaje de presupuesto destinado al Banco de Alimentos y Plan Concertado de Prestaciones Básicas.
También destacó que el sistema se dirige a toda la población y por tanto será la ciudadanía en su conjunto quien se encuentra afectada por el recorte. “Es necesario sistematizar lo que hacemos”, aseguró. Peláez ilustró su exposición a través de un caso concreto, identificando las repercusiones que podría conllevar un alejamiento de las prestaciones de servicios desde la proximidad local… Y planteó la intervención profesional desde una triple vertiente: formación, ética y compromiso. Ilustró su intervención con rostros de personas y profesionales que día a día utilizan y trabajan en los servicios sociales como instrumento de no perdernos en números y leyes.

Aportaciones de los asistentes:
- La Jornada pone de manifiesto la necesidad de formación al respecto.
- Incorporar el aporte de las personas usuarios a los servicios sociales.
- Equilibrio entre acompañamiento y gestión de recursos.
- Garantía y disponibilidad de recursos.
- El profesional como empoderador. Escasa politización de la profesión. No debemos quedarnos acomodados en la gestión tangible de las prestaciones y en un modelo asistencial que encorseta. Debemos ser altavoces y portavoces como potencial colectivo.
- Cargas burocráticas. Nos ata el despacho o cómo se han ido organizando los servicios.
- A menos recursos, más papeles. Prestaciones regladas. Predominio de modelo individualizado.
- Considerar al usuario como partícipe.
- Mayor protagonismo de la persona en la solución de sus problemas.
- Crisis estructural, por tanto respuestas y miradas estructurales.
- Reflexionar sobre la realidad.
- Asociarse, formarse.
- Las personas usuarios nos piden relacionarnos de otra manera con la administración.
- El valor del diagnóstico social.
- Ideología en la creación e interpretación de las leyes.
- Preocupación por la desaparición de la denominación de Servicios Sociales como competencia local.
- Los municipios son los menos endeudados. No precisan de estabilidad presupuestaria. Son los que reciben y atienden a las personas.
Al finalizar la jornada, se solicitó a los asistentes escribiera algunas notas y estas fueron algunas:
- Todos juntos y con compromiso frente a nuestros usuarios.
- Cercanía y compromiso.
- Incertidumbres de la ley.
- Todos juntos, se puede.
- Todos a una.

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